Ruben

Condenan a familia que defraudó al Fisco por más de ¢349 millones

Por primera vez en Costa Rica, los Tribunales de Justicia condenaron a seis personas con una sentencia de 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, cinco años por cada delito cometido.


Esta sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que defraudó al Fisco por un monto superior a los ¢349 millones, cuya denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación (DGT) en el 2004. Luego de un proceso judicial de 16 años, la sentencia quedó en firme en junio anterior.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

 



Así lo informó Carlos Vargas, director general de Tributación, quien indicó que durante estos 16 años el contribuyente utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.

“Esta sentencia de los Tribunales de Justicia sienta un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al Fisco. Es la primera vez en la historia del país en que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso supervisores y contador. Este largo proceso permitió demostrar la fundamentación técnica de la investigación que iniciamos hace de 16 años ante una maniobra fraudulenta por las que se estaban dejando de pagar importantes sumas al Fisco”, destacó Vargas.

La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los ¢149,7 millones para el año 2001 y los ¢230,8 millones para el año 2002.


Resumen de la maniobra

En el año 2004, la DGT interpone la denuncia ante el Ministerio Público, por indicios de delito tributario, en relación con el impuesto sobre las utilidades de los periodos fiscales 2001 y 2002 producto de una serie de irregularidades, detectadas durante el procedimiento de inspección tributaria seguido contra una serie de personas físicas y jurídicas que conformaban una cadena de tiendas a nivel nacional.  Este proceso implicó una compleja investigación por parte de Hacienda, que incluyó la revisión a 156 personas involucradas.  

Dicho grupo -en total 53 personas jurídicas y 103 personas físicas- se dedicaba a la importación y comercialización de ropa y zapatos, a través de establecimientos comerciales ubicados en diferentes zonas del país, los cuales se encontraban inscritos ante la Administración Tributaria, de manera independiente y bajo el Régimen de Tributación Simplificada.

No obstante, durante la investigación realizada, se logró confirmar que se trataba de un grupo de interés económico familiar, conformado por una persona de apellidos Soto Mora, su esposa de apellidos Navarro Blanco y sus tres hijos de apellidos Soto Navarro, quienes participaban como miembros de las juntas directivas de las personas jurídicas implicadas y socios de las mismas.  

Bajo el esquema de la planificación, existía una clara distribución de funciones, las cuales eran llevadas a cabo por los acusados para la materialización del fin ilícito propuesto.

Además de ostentar la representación legal y la mayor participación accionaria de las sociedades involucradas, el señor Soto Mora era el principal desarrollador de la actividad comercial. Por otra parte, sus hijas eran las encargadas de ejecutar y controlar la venta de mercaderías, así como los ingresos percibidos por ello.

 

 



Los hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona, eran los encargados, entre otras diligencias, de recibir el dinero en efectivo generado y efectuar depósitos bancarios producto de las ventas. Por su parte, el contador era quien le daba sostenibilidad al esquema del ilícito.  

Como parte de las acciones ejecutadas durante la investigación, se realizó el levantamiento del secreto bancario y se determinó que los ingresos producto de la actividad económica desarrollada por el grupo de referencia, eran depositados en cuentas bancarias del señor Soto Mora, de sus dos hijas, así como en cuentas bancarias de los dos sujetos Murillo Hernández.

Producto del análisis y depuración de la información financiera, obtenida tras el levantamiento del secreto bancario, se evidenció que parte de los ingresos gravables obtenidos de la actividad comercial, no fueron declarados al Fisco.   

A la fecha, existen 21 casos pendientes de resolución por parte del Poder Judicial, por un monto estimado de más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar.