La diputada Johana Obando y diputados Eli Feinzaig y Gilberto Campos del Partido Liberal Progresistas, presentaron este jueves ante la corriente legislativa el expediente N.º 23.675, denominado “Modificación de la Ley N.º 7092 Ley del impuesto sobre la renta, del 21 de abril de 1988, para la inclusión de Costa Rica como jurisdicción cooperante en materia fiscal de la Unión Europea (UE)”.
Esta nueva propuesta de ley es una reforma sistemática y depurada de la ley del Impuesto sobre la Renta, que procura hacer las reformas mínimas, pero necesarias para cumplir con los estándares de transparencia que solicitó la Unión Europea a Costa Rica en febrero del 2023, cuando la calificó como una jurisdicción no cooperante en material fiscal, y la incluyó en su lista negra de países no cooperantes.
Para alcanzar este objetivo, el proyecto de ley, introduce, entre otras reformas, el requisito de “sustancia económica”, que significa, en términos sencillos, hacer que ciertas entidades en Costa Rica demuestren que tienen actividad económica, es decir, que emplea recursos humanos, ejerce la toma de decisiones estratégicas y soportan riesgos de la operación y, finalmente,. asume gastos y costos de la operación en territorio nacional.
De no demostrarse el cumplimiento del criterio de “sustancia económica” se considerará como entidad “no calificada”, que en términos sencillos se traduce a “sociedades de papel”, y deberá pagar impuestos sobre las rentas pasivas que generen en el exterior, siempre y cuando no haya sido objeto de tributación en otro país.
El proyecto, además, busca cumplir con objetivos como el de definir las reglas claras para la tributación de rentas pasivas extraterritoriales, sin que esto implique renunciar a la territorialidad; lo anterior con el objetivo de mantener incólume el principio de territorialidad que rige sobre el Impuesto sobre la renta en Costa rica y no dar a lugar a interpretaciones voraces y agresivas por parte de la Administración Tributaria, en las que se puedan inferir que cualquier “renta extraterritorial” puede ser objeto de un gravamen.
Es por eso que esta redacción incluye, entre varias reformas, un nuevo artículo que propone el gravamen excepcional de rentas pasivas derivadas de operaciones realizadas en el exterior, en el tanto estas cumplan con dos requisitos específicos. En primer lugar, las rentas pasivas deberán ser repatriadas de forma física o contable al territorio nacional y, en segundo lugar, las rentas pasivas estarán sujetas a imposición en Costa Rica únicamente, en tanto, no hayan sido objeto de tributación en ninguna otra jurisdicción.
“Este proyecto contempla reformas que se requieren para que Costa Rica logre salir de lista gris de la Unión Europea donde nunca debió estar, pero la vía no es ni subir, ni crear impuestos ni imponer más burocracia para los contribuyentes, es establecer reglas claras para la tributación de rentas extraterritoriales. El Poder Ejecutivo ha manifestado que va a enviar a esta Asamblea Legislativa el proyecto de ley de renta global lo que ampliará la base impositiva y bajo ninguna circunstancia podemos apoyar este tipo de iniciativas legislativas, señaló la diputada Obando, proponente del proyecto de ley.
Agregó, además que, Costa Rica en su condición como miembro de la OCDE debe acatar la transparencia fiscal y evitar la evasión y elusión de impuestos mediante el uso de entidades que no realicen actividad económica en Costa Rica
Adicionalmente, otro de los objetivos que incluye la propuesta es la de promover la reducción de la tarifa del Impuesto sobre las Utilidades de un 30% a un 27%, esto debido a que la carga impositiva hacia la empresas en Costa Rica es muy alta y eso genera distorsiones en el mercado laboral al dificultar el camino a los inversionistas de ampliar sus operaciones en el país.
De acuerdo al criterio de Eli Feinzaig, al disminuir en 3% el cobro del Impuesto sobre la Renta se genera un incentivo de inversión, empleabilidad y, principalmente, recaudación del tributo, ya que se desmotivará la evasión y elusión fiscal al tener un peso menor en el pago de la renta.
Este argumento del jefe de fracción de PLP se basa en el un estudio de Pierre Bachas y Mauricio Soto denominado: “Impuesto sobre la Renta, bajo una débil recaudación”, donde se determina, en un análisis de la curva de Laffer, que la recaudación no aumenta con el establecimiento de tarifas muy altas, como es el caso de Costa Rica, que tiene una tarifa del 30%. Por el contrario, cuando las tarifas ya son muy altas, una reducción de la tasa puede conducir a mayor recaudación por la vía de menor evasión y porque se amplía la base de contribuyentes. El estudio sugiere una tasa para Costa Rica de 25%.
“Este texto resuelve el problema planteado por la Unión Europea, permitiéndole al país salir de la lista gris de una manera sencilla, sin comprometer el principio de territorialidad del Impuesto sobre la Renta y sin necesidad de mezclarlo con discusiones mucho más complejas como lo son la Renta Global y la Renta Mundial, con las que el Gobierno pretende enlazarla. Además, con esta misma propuesta, buscamos también generar un alivio en la carga impositiva a las empresas”, señaló Feinzaig, jefe de Fracción del PLP.
“De ninguna manera puede pasar por el incremento de en las cargas impositivas que pesan sobre los bolsillos de los costarricenses las soluciones a los problemas en los cuales nos han metido gobiernos anteriores, es importante valoremos las soluciones con nuevos enfoques desde una perspectiva en la cual podamos hacer una restructuración de los impuestos existentes” manifestó Campos.
Para el diputado Gilberto Campos, este proyecto lo que plantea justamente es esa nueva visión liberal que estamos queriendo impregnar decisiones que se crean desde la Asamblea Legislativa justamente para tratar de resolver estos problemas y demostrar al país de que existen otras formas de cumplirle a los costarricenses sin pasar por el incremento de impuestos.
Esta propuesta consensuada por estos tres legisladores del Liberal Progresista responde a la urgencia que tiene el país de salir de la lista negra de la Unión Europea y al compromiso que esta agrupación política tiene de cooperar con el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para buscar soluciones. De esta forma, Costa Rica no solo resuelve este problema de imagen internacional, sino que también incentiva la inversión y la generación de empleo.
Los transitorios del proyecto establecen que el Ministerio de Hacienda tendrá un mínimo de hasta seis meses a partir del momento de su publicación, para realizar las modificaciones necesarias para la aplicación de la ley.
