Según informe del OIJ, tras los hallanamientos del pasado mes de noviembre del 2021; en la oficina del Señor Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, se habría encontrado dinero en efectivo y armas; las cuales fueron obtenidas como pruebas en la respectiva investigación en el Caso Diamante.
Al hablar del dinero en efectivo, el informe detalló que se encontró una gran suma del mismo, en el escritorio donde él laboraba. Específicamente en una gaveta de acceso personal, se encontró la cantidad de 2000 dólares, distribuido en 100 billetes de 20 dólares cada uno.
Así mismo, las autoridades se pronunciaron al respecto y además mencionaron la utilidad de ese dinero luego del decomiso.
"Con respecto a los dos mil dólares americanos, decomisados en la Oficina del Alcalde de Escazú, mediante acta de secuestro , fueron depositados en el Banco de Costa Rica, oficina Gónzalez Lahman; a nombre del Instituto Costarricense Sobre Drogas; según información de las mismas autoridades.
Por otra parte, al hallanar la casa de habitación del Alcalde, en Guachipelín de Escazú, también se logró obtener pruebas de posesión de dinero en efectivo; en dos sobres amarillos; uno más llamativo por su leyenda, "carta de restricción". En el caso de este último, contenía un total de 120 billetes de 100 dólares cada uno, sumando así 12 mil dólares; y el otro sobre con $1300 para un total de $15000 dólares.
En el caso específico cuando se hace mención a las armas, existe también la prueba por parte del OIJ. Por su parte, el informe detalla que habría tomado como evidencia un revólver, de color plateado con cinco municiones, ubicado en su oficina. Además, hasta el momento, no se tiene claro el funcionamiento que le daba el Señor Alcalde a esta arma.
Así mismo, hubo mención de otra arma encontrada al parecer en un sillón ubicado en la oficina de Barahona, con 34 municiones; almacenada en un canguro color negro.
Cabe recordar que en el Caso Diamante se encuentran otros 5 alcaldes involucrados; se trata de Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Cole de Osa; así como, Humberto Soto de Alajuela, Mario Redondo de Cartago y Johnny Araya del municipio de San José.
El caso por ahora, continúa en investigación constante, a la espera de más detalles. Además, el pasado 3 de marzo el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, rechazó solicitude de apelación por parte de los alcaldes. Dejando así en claro que deberán seguir cumpliendo las medidas cautelares a la perfección.
Fuente: crhoy
