La Procuraduría General de la República aconseja admitir la acción de inconstitucionalidad interpuesta por APSE contra las respectivas cuentas del 2023.
Se trata del Presupuesto del año 2023 para educación, ya que al parecer no cumple con lo estipulado por la Constitución Política, ya que este rubro debe tener una dotación mínima del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo la Procuraduría General de la República (PGR) a la Sala Constitucional.
Por ahora, los magistrados del Tribunal Constitucional todavía no han resuelto la acción presentada por la APSE.
"Es criterio de la Procuraduría que la presente acción es admisible", reza el informe en sus conclusiones. "Hubo una omisión" en dicho título presupuestario "en cuanto a cubrir el monto mínimo del 8% del PIB en gasto público para la educación estatal".
El 8% mínimo del PIB está destinado a la educación, y lo deja claro en el artículo 78 de la Constitución Política. Sin embargo, se habla de un 6 % para este año.
Según la CGR, "el presupuesto asignado al sector educación respecto del PIB para 2023 es el más bajo en los últimos 9 años".
Además enfatizaron que el 70% del presupuesto educativo del 2023 se destina al Ministerio de Educación Pública (MEP) y el 24,3% va a las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
"Ciertamente configura un incumplimiento del mandato constitucional por parte del legislador presupuestario en orden a cubrir el monto mínimo de gasto público para la educación estatal".
Además, la PGR afirma que "debe procurarse la mejora continua y permanente" del derecho.
