Agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron esta mañana en Escazú a un hombre de apellidos Angulo Sandí por presuntas irregularidades en la entrega de Régimen Obligatorio de Pensiones en el sector de la La Pajarera en San Antonio de Escazú.
Angulo Sandí es hijo de la regidora por Yunta Brenda Sandí y fue intervenido en un residencial ubicado en las cercanías del condominio Manuel Antonio en la Pajarera donde pasadas las 6:00 am OIJ ingresó a la vivienda y tras algunas diligencias lo detuvo.
Además de esta detención se realizan 18 allanamientos que tienen relación con esta investigación por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
Las casas donde OIJ allanó esta mañana están ubicadas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas. Asimismo, los operativos están activos en oficinas del Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular (BP) y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La Fiscalía ordenó detener a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo. Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación.
De acuerdo con la FAPTA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia en la que se indicaba que, al parecer, un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el BP para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.
Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez.
En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado.
El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE.
