La pandemia del COVID-19 ha generado una recesión económica mundial sin precedentes, con uno de los mayores impactos en América Latina y el Caribe, aunque en menor medida, en Costa Rica.
En el año 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) real se contrajo en un 3.1% escala global, mientras que en América Latina y el Caribe se contrajo en un 7%, generando cierre de empresas y aumentos de desempleo en todo el mundo.
En Costa Rica, la recesión económica ha sido menos profunda que en el promedio regional. La economía se contrajo en aproximadamente un 4.1% en 2020. Para 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una recuperación, esperándose que el PIB crezca en 3.9%, aunque por debajo del promedio latinoamericano (6.3%) y mundial (5.9%). Para el 2022 se proyecta que el país crezca a un 3.5%.
La contracción del 2020 puso de manifiesto no solo la disrupción asociada al virus y la debilidad de los sistemas sanitarios para afrontarla, sino también una estructura económica vulnerable, con dificultades para mantenerse en funcionamiento en un contexto de emergencia, algo para lo que la digitalización ha demostrado ser clave.
Para mitigar esta crisis económica y acelerar la recuperación, Costa Rica cuenta con una oportunidad de la mano de la digitalización y el desarrollo de la economía digital, uno de los hallazgos identificados por el Dr. Raúl Katz en el estudio “El rol de la economía digital en la recuperación económica de Costa Rica” presentado en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. El Dr. Raúl Katz es presidente de Telecom Advisory Services y Director de Investigación de Estrategia de Negocios en el Columbia Institute for Tele-Information del Columbia Business School (Nueva York).
El estudio contiene un análisis de coyuntura sobre la situación actual de las telecomunicaciones y la economía digital, analizando el impacto económico y social de la digitalización en Costa Rica. Además de formular recomendaciones de política pública y marco regulatorio para maximizar el impacto de la digitalización, la investigación también plantea la necesidad de fortalecer las condiciones de desarrollo de la digitalización para acelerar la transformación digital y la prosperidad del país.
Katz señala que “la evidencia empírica generada en el marco de la pandemia indica que aquellos países con un mayor despliegue de redes de banda ancha han podido mitigar el impacto económico disruptivo. Hasta el 2020, los países con al menos 30% de hogares con banda ancha fija (o con más de 50% de penetración de usuarios únicos de banda ancha móvil) experimentaron una recesión de menor magnitud que las economías menos conectadas”.
Esta mayor resiliencia económica está basada en una mejor capacidad de apoyo al trabajo remoto haciendo uso de banda ancha y computación en la nube, de gestión de cadenas de suministro, la virtualización de servicios públicos como la educación, el comercio electrónico y la provisión de telemedicina.
Más allá de la contribución de la digitalización en un contexto de pandemia, el impacto de la misma al PIB, la productividad y la creación de empleo en condiciones normales es significativo, con lo cual ésta representa un factor clave en la futura recuperación económica de Costa Rica.
En definitiva, se puede sintetizar que un aumento del 10% de la penetración de banda ancha fija genera un crecimiento del PIB per cápita del 2.1% en Costa Rica (impacto económico), lo que genera a su vez un importante efecto social, dado que la brecha digital se reduciría sustancialmente (los hogares no conectados se reducirían del 31.9% al 25%).
De forma similar, un aumento del 10% de la penetración de banda ancha móvil genera un crecimiento del PIB per cápita del 1.7%, reduciendo la brecha digital, dado que el porcentaje de personas no conectadas se reduciría del 39% al 32.9%.
Un aumento de la penetración de banda ancha móvil genera- además-, un importante efecto social al promover la inclusión financiera. Por otra parte, un incremento del 10% en el índice de digitalización se asocia a un crecimiento del 2.2% en el nivel de empleo, y del 8.6% en la productividad multifactorial.
Algunas reflexiones del estudio
∙Dada la relevancia socioeconómica del sector, Costa Rica necesita reformular sus marcos regulatorios y fiscales de forma tal, que se logre un aceleramiento de los despliegues de redes de telecomunicaciones y el desarrollo de la economía digital. Acelerar la inversión es una prioridad, ante el importante crecimiento que vienen experimentando los niveles de tráfico en el país.
∙Considerando la situación actual de Costa Rica, existe un amplio potencial para incrementar el desarrollo de la conectividad a partir de reformas regulatorias y fiscales.
∙En buena medida, la actualización del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) constituye una importante oportunidad para dar impulso al sector. El país ha avanzado con el desarrollo de reglamentos para el despliegue de infraestructuras; no obstante, no todos los municipios han adoptado ese marco normativo necesario para incentivar las inversiones.
Hace falta, asimismo, que a nivel municipal se introduzcan medidas que permitan agilizar los despliegues, a partir de reducir los tiempos de los trámites y sus complejidades.
∙Por otra parte, es necesario asignar mayores cantidades de espectro a precios razonables, que no comprometan las inversiones necesarias para desplegar redes y que permitan asegurar a los ciudadanos servicios de calidad.
∙Es relevante que el proceso de actualización del Reglamento de Protección al Usuario Final se culmine de forma balanceada tanto desde la perspectiva de los usuarios como de los operadores, mientras que se requiere de introducir modificaciones en el Reglamento de Protección y Calidad de los Servicios, dotándolo de una visión realista y adecuándolo a la realidad actual del sector.
∙Se recomienda analizar la posibilidad de implementar sandboxes regulatorios, dado que ello favorece la proporcionalidad de la regulación en las fases de experimentación de nuevas tecnologías y modelos de negocio, de forma tal que las normas impuestas no supongan un obstáculo a la innovación, sino más bien que la incentiven.
∙A nivel fiscal, las recomendaciones pasan por reducir las tasas regulatorias y eliminar el impuesto específico a servicios TIC.
∙Finalmente, es necesario desarrollar medidas efectivas para el combate a la piratería, lo que incluye la tipificación del delito, definición de multas y penas, e involucramiento de las autoridades policiales en el seguimiento y el control.
