El Ministerio de Hacienda reiteró hoy a las y los legisladores su petición para que no aprueben en segundo debate el expediente 21 801, el cual pondría en riesgo el proceso de consolidación fiscal que se ha venido desarrollando, dada la afectación que este proyecto de ley generaría sobre fiscalización y recaudación de impuestos.
El proyecto pretende diferir el pago del IVA en las ventas a crédito hasta por 90 días, lo que crearía diferencias en el momento en que se liquida y se paga el IVA por ventas de los bienes o la prestación de servicios, al contado o al crédito, y con ello, una serie de inconvenientes y perjuicios, tanto para los contribuyentes como para el Fisco.
Con la eventual aprobación de este proyecto, los contribuyentes tendrían un enorme costo humano y financiero para asociar los créditos fiscales con el respectivo débito fiscal, por cuanto deberán llevar una contabilidad separada en estos supuestos, con los costos asociados que eso conlleva.
El proyecto de ley propone aplicar un sistema de percibido y no de devengado, rompiendo así con el ordenamiento que el país y las mejores prácticas utilizan para la recaudación y el control del IVA. Además, el cambio propuesto rompe la relación del IVA con el impuesto sobre la renta, lo que impediría realizar controles cruzados de ingresos entre ambos impuestos, propiciando así la elusión y evasión en perjuicio de la justicia tributaria y de la población costarricense.
La modificación de las reglas sobre la liquidación y el pago de este impuesto también tendría un efecto negativo en los flujos de tesorería de la Hacienda Pública, pues dejaría de existir certeza sobre el momento en que los contribuyentes del IVA deben cumplir con sus obligaciones tributarias, lesionando severamente las posibilidades de control por parte de la Administración, del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“Debe tenerse presente que , si bien el proceso de consolidación de las finanzas públicas ha mostrado grandes avances, como lo demuestran los resultados de las cifras fiscales de 2021, el país aún está en una posición vulnerable, producto de los niveles del endeudamiento público y el efecto adverso de la pandemia, por lo que, cualquier acción desde el ámbito legislativo que comprometa negativamente los procesos y productos de la consolidación fiscal, tendrá repercusiones sobre las metas del acuerdo con el FMI y sobre la credibilidad del país ante los inversores y acreedores, respecto a la responsabilidad y seriedad de los tomadores de decisión y su compromiso en el saneamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por las graves consecuencias que su aprobación implicaría, respetuosa pero vehementemente, solicito a los diputados y las diputadas que este expediente legislativo sea rechazado”, enfatizó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
