El Ministerio de Educación Pública (MEP) logrará en 2023 un ahorro de más de ¢600 millones al rescindir 60 contratos de alquiler de las supervisiones educativas cuyas operaciones se mudarán a centros educativos y oficinas regionales.
Esta administración decidió disminuir los contratos de alquiler de las oficinas regionales y administrativas para redireccionar esos fondos a la atención de órdenes sanitarias o recursos de amparo en centros educativos, así como apoyar escuelas y colegios con proyectos de infraestructura en ejecución.
El traslado progresivo se inició a mediados de setiembre de este año y finalizará en febrero 2023, según circular DM-0053-09-2022, donde se instruyó a los supervisores de circuito identificar lugares para que la administración realizara la notificación a los arrendatarios.
Para Sofía Ramírez González Ramírez, Viceministra Administrativa del MEP, el objetivo de disminuir alquileres en el sector educación busca eficiencia en el uso de los recursos públicos.
