La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción logró que un hombre de apellidos Araya Madrigal fuera condenado a siete años de prisión por los delitos de peculado y legislación en provecho propio. Los hechos ocurrieron entre el 2007 y el 2008, cuando el imputado se desempeñaba como director ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT).
Esta institución fue creada por ley con el propósito de contribuir al mejoramiento de los índices de empleo y pobreza en las comunidades de Puntarenas, mediante la asignación de becas y el financiamiento de estudios universitarios, técnicos y de posgrado para personas beneficiarias del programa.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Araya emitió dos reglamentos a la ley que incorporaron condiciones que permitieron que personas que no pertenecían a sectores de escasos recursos pudieran acceder a los créditos estudiantiles del FAESUPT.
Posteriormente, el imputado utilizó esas disposiciones para solicitar un préstamo destinado a financiar sus propios estudios. La solicitud fue presentada ante integrantes del Consejo Directivo, quienes tenían a su cargo la administración conjunta de los fondos públicos asignados a la institución y aprobaron el beneficio, pese a que Araya no cumplía con los requisitos para ser beneficiario del programa.
Además, se acreditó que el acusado propuso ante el Consejo Directivo los nombres de su hija y de su hermano para que recibieran beneficios del programa de préstamos. Como resultado, ambos obtuvieron créditos estudiantiles por ¢3.894.000 y ¢2.085.750, respectivamente.
Otro de los hechos demostrados fue que el Consejo Directivo acordó crear un Consejo Asesor Académico y Técnico, encargado de revisar, analizar y recomendar la aprobación o denegación de las solicitudes de préstamo. Araya Madrigal fue designado como integrante de ese órgano, posición que utilizó para favorecerse a sí mismo y a sus familiares.
En una de las sesiones, el Consejo Asesor conoció la solicitud de préstamo presentada por un sobrino del acusado. Pese a conocer el vínculo familiar, Araya participó en el análisis y votó a favor de aprobar y recomendar el beneficio.
El juicio concluyó a finales de octubre en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
La fiscalía informó que, con anterioridad al juicio, otros integrantes del Consejo Directivo se sometieron a una medida alterna denominada suspensión del proceso a prueba.