Debido a la elevada inflación y la subida de las tasas de interés, esto ha complicado cada vez más la situación de las familias costarricenses y las que se consideran altamente endeudadas, ya que, hay más de un 80% de ellas que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de deudas, esto podría superar ya el millón y medio.
En DEFADE hemos estimado que la proporción de familias con deuda que pasarían a tener una carga financiera elevada aumentaría en Costa Rica casi un 10%, lo que se traduce en que cerca de 1.600.000 hogares pasarían a estar altamente endeudados.
“Hemos observado que los habitantes de las provincias de la zona central del país son quienes presentan mayores montos de morosidad y mucho más altos que los que viven en provincias de zonas costeras. Por otro lado, es muy grave la morosidad que existe, aumenta año con año. Se han incrementado los cobros judiciales y las cuentas incobrables.
Hay más de 900 mil procesos activos de cobro judicial en los tribunales del país y muchos de estos ya han prescrito. En DEFADE, hemos recibido más de 100 llamadas diarias de casos de familias que tienen procesos de cobro judicial activos. Esto es alarmante,” manifestó Stephanie Portuguez, asesora legal de la Defensoría de Apoyo al Deudor (DEFADE).
Los deudores que no pueden hacer frente al pago de sus créditos, esto es consecuencia, muchas veces, de las altas tasas de interés a las que éstos han pactado y de la crisis financiera que ha atravesado Costa Rica en los últimos años, además, en parte a la pandemia de la COVID-19 y los efectos que está generó.
“En los últimos días hemos visto como las operadoras de pensiones del país han estado realizando una serie de inversiones riesgosas del régimen de pensión complementaria (ROP), lo cual ha generado pérdidas cuantiosas y no produce ningún beneficio para la población. Y ahora que se encuentra en discusión el proyecto de ley expediente número 23.082 “Devolución del treinta por ciento del ROP”, esta es una medida extraordinaria que pretende apoyar y ayudar a las familias costarricenses a salir de altos niveles de endeudamiento.
De aprobarse esta iniciativa, consideramos que vaya de la mano, también, con un programa de educación financiera robusto, que incluya a los poblaciones jóvenes (entre los 25 a 40 años de edad), que son quienes tienen el mayor monto promedio de mora y representan un poco más del 40% de las personas en cobro judicial,” indicó Portuguez.
“Sí el proyecto de Ley 23.082 se llega a aprobar, es crucial que las personas se informen de previo, ya que, es indispensable recordarle a la población que muchas de esas deudas podrían estar prescritas, y con sólo realizar un pago las reactivarían. Y por otra parte, las gestionadoras de crédito y agentes de cobranza, van a estar iniciando un permanente acoso a los deudores, por lo que, es necesario que las personas conozcan bien sus derechos, para que no tomen decisiones de las que en una eventualidad, se lamenten.
No podría catalogar este proyecto como bueno o como una solución real, ya que, la única opción del uso del dinero que da es el pago de deudas, y antes de pensar en el pago de una deuda, tenemos que estar primeramente informados y si a eso le sumamos que si realmente el proyecto fuera bueno, debería de darle la opción a las personas de hacer uso de esos recursos, para necesidades que les ayude a salir adelante, como lo es el fomento de emprendimientos, el de realizar estudios universitarios o técnicos y otros de crecimiento personal y no únicamente pensando en fortalecer a la banca,” señaló Stephanie Portuguez.
