El ministro Nogui Acosta instó a la Corte Plena a enfocar los recursos que recibe en la lucha contra la criminalidad.
El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, advirtió de que el Gobierno prevé una rebaja de ₡10.000 millones en las cuentas del Poder Judicial, lo que a su juicio obligará a "cerrar servicios".
El hecho de que se recorten "presupuestos públicos tendientes a garantizar la seguridad a los costarricenses"; es preocupante.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta indicó que "el Poder Judicial va a tener que empezar a hacer una asignación más enfocada en temas de seguridad".
"No puede ser que el presupuesto del Poder Judicial se distribuya de la misma manera todos los años".
Acosta insistió en rescatar que existe buena intención por parte del Gobierno.
"Hay una voluntad del Gobierno de entrarle al tema de seguridad, y seguridad tenemos que verlo desde el punto de vista integral. No podemos verlo solamente de más policías, porque también ocupamos más espacio en las cárceles y también ocupamos más jueces que hagan justicia. Yo creo que eso es una visión integral".
Cabe aclarar que el Poder Judicial tiene un presupuesto que se distribuye entre distintas ramas, como por ejemplo la Fiscalía o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Así mismo, Acosta cuestionó que los magistrados deben distribuirlo de la misma forma siempre "cuando hay prioridades que deberíamos de tener".
Otra circunstancia a tomar en cuenta según manifestó el fiscal general de la República
El Ministerio Público "tiene un déficit de personal significativo", lo que implica que cada fiscal maneje "entre 250 y 300 expedientes", una carga "sumamente alta", pues a su parecer deberían de gestionar entre 100 y 150 como máximo.
Una de las soluciones directas es que habría que fichar unos 80 fiscales más, cada uno con su respectivo auxiliar, para poder apoyarse de la mejor manera.
"El Ministerio Público está abarrotado de causas y que necesitamos más recursos".
