El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde ordenó el cierre inmediato de las pulperías que existieron, por años, dentro de las cárceles del país, como una nueva muestra de cero tolerancia a la corrupción.
“Estamos manteniendo el orden, el control y la administración de lo que sucede dentro de los centros penitenciarios y no permitiremos prácticas que no estén amparadas a la ley”, manifestó el jerarca de
manera contundente.
Los comisariatos o pulperías no cuentan con alguna ley que respalde su funcionamiento. Una revisión de la Dirección General de Adaptación Social pudo constatar que estos establecimientos no constituyen un servicio interno sin fines de lucro, para lo que fueron creados y más bien, se convirtieron en un negocio comercial con jugosas ganancias, que según información recibida, son destinadas para fines no legales.
Su operación representaba riesgos asociados al comercio dentro de las cárceles, como extorsiones, violencia y lucro ilegal. También, debilitaba el control y la seguridad, fortaleciendo a grupos de poder dentro de los centros penales, en perjuicio de funcionarios y la sociedad en general.
Además, no existen plazas de servidores públicos dentro del sistema penitenciario para que se
encarguen del control de esta actividad, y más grave aún, no cuentan con los
permisos para funcionamiento como un local comercial.
De esta forma, el Gobierno Chaves Robles pone fin a un problema que ninguna administración
resolvió en cinco décadas, pues los comisariatos fueron creados en los años setenta
