El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Fiscalía de Cartago tuvieron “omisiones” en su labor con el caso específico de la pequeña Keibril.
La bebé fue reportada como desaparecida en Cervantes de Cartago, y todavía se desconoce su paradero.
Por esa razón, la Sala Constitucional condenó al Estado tras resolver un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano, quien alegó que las autoridades no garantizaron los derechos de la menor de una manera oportuna.
“Ese ente público tuvo conocimiento temprano de la situación polémica, compleja y disfuncional del entorno familiar de las menores amparadas, su condición de riesgo y vulnerabilidad, que ameritaba una atención y abordaje continuo. Para la Sala Constitucional, las conductas del PANI no constituyeron un tratamiento, ni una atención fluida, constante, eficiente y efectiva para el tipo de problemática de la que tenía conocimiento”, según el alto Tribunal.
“Debe existir una integralidad, lo que supone que aunque precediere una denuncia penal por parte del PANI ante la el Ministerio Público, no exime a la CCSS de no plantear la correspondiente denuncia penal, pues es deber de cualquier centro médico de la CCSS, tomar la medidas legales en caso de sospecha ante un caso de violencia sexual contra persona menor de edad”, agregó el informe.
Cabe recordar que el Ministerio de Educación Pública (MEP) interpuso una denuncia tras la sospecha de que el padrastro de la menor la embarazó, no obstante, el órgano acusador del Estado solicitó la desestimación en dicho momento.
“Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Estado y al Patronato Nacional de la Infancia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se declara sin lugar el recurso”.
Actualmente, Casasola Salas, de 33 años, es el principal sospechoso de su desaparición y descuenta seis meses en prisión preventiva.
La Fiscalía Adjunta de Cartago mantiene el caso en investigación bajo el expediente 23-001476-0058-PE por los presuntos delitos de sustracción de menor y violación.
“La línea de investigación es que el sujeto actuó solo y lo que buscó es evitar ser encontrado como padre de la criatura”.
